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Actualización de indemnizaciones por riesgo del trabajo

06/08/14 | Jorge Octavio Cappellini

La Ley 26.773 (de riesgos de trabajo y enfermedades profesionales) introdujo el concepto del R.I.P.T.E. (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables) como un novedoso mecanismo de actualización de las indemnizaciones derivadas de infortunios laborales establecidas en el marco del plexo normativo que conforma el sistema de riegos del trabajo (esto es: Ley 24.557, decreto 1694/2009, y por supuesto, la propia Ley 26.773).

Esta novedad no estuvo, ni está exenta de polémicas en relación a su aplicación temporal, y especialmente en lo vinculado a la extensión de su aplicación.

Mientras el artículo 17, inciso 6, de la Ley 26.773 indica que las prestaciones en dinero por incapacidad permanente previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, y su actualización mediante el decreto 1.694/09, se ajustarán a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley conforme al índice RIPTE, el decreto reglamentario 472/14 indica que sólo las compensaciones adicionales de pago único, incorporadas al artículo 11 de la Ley Nº 24.557, sus modificatorias, y los pisos mínimos establecidos en el Decreto Nº 1.694/09, se deben incrementar conforme la variación del índice RIPTE, lo que deja afuera de la actualización a prestaciones establecidas en los artículos 14.2.a y b, y 15.2 de la Ley 24.557.

En un intento de despejar las dudas surgidas de la evidente contradicción entre la norma referida, y su decreto reglamentario, con fecha 30 de junio de 2014 la Sala VII de la Cámara Nacional del Trabajo ha dictado un fallo por mayoría (con voto fundante del Camarista Dr. Rodriguez Brunengo) por el cual se declara la inconstitucionalidad del decreto en cuestión, ya que dicha norma, a criterio del Tribunal, ha sido dictada por el Poder Ejecutivo en violación de las disposiciones establecidas por el artículo 99 inciso 2 de la Constitución Nacional, es decir que el Poder Ejecutivo se ha excedido en sus facultades reglamentarias, avanzando sobre facultades legislativas, en cuanto mediante la reglamentación dictada ha desnaturalizado la norma sancionada por el Congreso Nacional.

Más allá de las disquisiciones de orden técnico y/o teórico, el fallo indicado es sumamente trascendente en cuanto implica en la práctica la multiplicación –en este caso se multiplicó la indemnización por un coeficiente de 2,89- de las indemnizaciones previstas en el sistema de riesgos de trabajo, lo cual por una lado acerca a las indemnizaciones a su función reparadora, pero por otro es potencialmente capaz de provocar el colapso financiero del sistema.

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