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La Justicia Contencioso Administrativa y Tributaria del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha limitado la actividad de Rappi, Glovo y Pedidos ya

11/04/19 | Andres Minicucci |

            Si bien la medida adoptada por el Órgano Judicial no implica, por el momento, un avance sobre la autorización para que dichas empresas presten el servicio de delivery que las ha colocado como pioneras dentro del mercado de las App de servicios, es necesario estar muy atentos al desarrollo y evolución de la noticia por cuanto, contando con el precedente de UBER, es claro que desde la administración pública no hay una visión de aceptación respecto a estos emprendimientos.

            Si bien fue el propio gobierno nacional el que impulsó la promulgación de la Ley 27.349, es claro que, dentro de los estamentos administrativos, no existe una coherencia con la dirección que supuestamente le habría querido dar esta administración, al desarrollo de emprendimientos dentro del ámbito de las nuevas tecnologías.

            La medida afecta sobre todo a las firmas Rappi Arg. S.A.S., Kadabra S.A.S. (Glovo) y Pedidos Ya S.A, que tienen la mayor cantidad de repartidores en bicicleta, pero también a otras empresas. Fue tomada por el titular del juzgado n° 2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario.

            El objeto de de la medida perseguiría que dichas empresas acrediten haber dado cumplimiento a los mínimos requisitos legales comprendidos en el capítulo 13 del Código de Tránsito y Transporte porteño. Asimismo, y en lo que puede considerarse como una atribución en exceso del magistrado interviniente y un contrasentido con la medida, dispuso que diseñen y ejecuten un plan de contingencia económica y social para todos los repartidores de las firmas involucradas, que compense la reducción de sus ingresos hasta tanto se normalice la situación, a través del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat.

            Dispuso que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debe adoptar las medidas necesarias para regularizar el funcionamiento del RUTRAMyC (Registro Único de Transporte en Motovehículos y/o Ciclorodados) y de las empresas que se dedican que, a prestar el servicio en cuestión, implementar los controles pertinentes para que la actividad se desarrolle en acuerdo con a la ley, y fundamentalmente, a efectos de salvaguardar la seguridad de las personas involucradas.

            En una de sus partes, la resolución indica que: “(…) es necesario aplicar las medidas coercitivas necesarias para lograr que se dé cumplimiento estricto y sin demora a las disposiciones contenidas en el Código y en su decreto reglamentario, al menos en lo atinente a utilización de casco, de luces reglamentarias, y en caso de llevar caja portaobjetos, que la misma se encuentre asegurada al vehículo, así como existencia de seguro y de libreta sanitaria en caso de transporte de sustancias alimenticias (artículos) (…)”. Resulta ciertamente inquietante la intromisión del magistrado en aspectos de estas características y los términos utilizados al definir los términos y alcance de la medida cautelar dictada.

            Desde una de las empresas afectadas por la medida y con un criterio propio de quien desarrolla una actividad innovadora que genera múltiples fuentes de trabajo y es una innovación en el mercado del comercio digital, han dicho que: “(…) Desde Rappi expresamos nuestra preocupación por esta situación, inédita a nivel mundial, e informamos que apelaremos dicha decisión. Asimismo, seguiremos en contacto con las autoridades para contribuir en la búsqueda de soluciones que protejan a todas las partes de nuestra comunidad, fomenten la innovación, y permitan el normal desarrollo de la economía digital”, concluyeron en la firma (…)”.

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