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AFIP DETERMINA DEUDA MILLONARIA CONTRA UBER – ALGUNAS CONSIDERACIONES

03/06/19 | Andres Minicucci |

AFIP ha determinado que UBER adeudaría al fisco la suma de $358.000.000 de los cuales $147.000.000 corresponderían a deuda en concepto de I.V.A. y ganancias y $211.000.000 corresponderían a impuestos a la seguridad social.

Como asesores de empresas propias del sector tecnológico y de startups, desde hace ya largo tiempo hemos observado y advertido la dicotomía que se genera entre los nuevos modelos de negocios propios del sector tecnológico y las estructuras estancas y carentes de toda dinámica del Estado (ya sea nacional, provincial o local).

UBER como muchas empresas, han quedado atrapados en una red de la cual, hasta el momento, no ha podido desenmarañarse. Esa red está conformada por su modelo de negocio, pujante e innovador y los intereses particulares y recaudatorios de los gobiernos locales, sumado ello a presiones de sectores sindicales que ven amenazada su propia estructura de recaudación a la luz de la potenciación de la autodeterminación de la voluntad de los particulares que deciden formar parte de emprendimientos como UBER y tantos otros.

Empresas como UBER, Rappi, Glovo, entre otras, han sido proveedoras de oportunidades laborales, autónoma y flexible que resultó sumamente atractivo y lucrativo para múltiples personas que han visto una oportunidad de autogestionarse y generar dividendos sin intermediarios y ajenos a la obligación de rendir el diezmo al sindicalista de turno.

El desembarco de UBER en la Argentina no estuvo ajeno a debates y controversias (en la mayoría de los casos menos serios que útiles), pero cuando uno analiza la naturaleza de dichas controversias, lo que encuentra es en esencia, que la sustancia madre de dichos debates posee un sustrato más arraigado a intereses políticos (recaudatorios) y sectoriales (sindicales) que a una comprensión de los negocios propios del sector tecnológico.

Las empresas de tecnología, poseen una característica que es innegable, son fuente inagotable de creación de valor agregados y dividendos, sumado al hecho de constituirse como fuentes casi inagotables de trabajo para miles de personas.

Generan una tracción natural en el ámbito académico, por cuanto quienes aspiran a formar parte de ellas, deben capacitarse a la altura de las exigencias de un mercado sumamente dinámico.

Frente a ellas, se sitúa el Estado (como dijimos antes en cualquiera de sus estratos), que no percibe estos beneficios y busca como finalidad única, la recaudación a través de impuestos y gravámenes.

No puede negarse que esta gestión ha hecho muchos esfuerzos en modernizar estructuras legales (el claro ejemplo de la ley 27.349 y proyectos de ley como Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento), pero han sido limitados y no han modificado de fondo la problemática de un Estado que posee una gran resistencia a la innovación.

La postura de AFIP respecto a una determinación de oficio es un claro y preocupante signo del privilegio que se le otorga a la política recaudatoria por encima de los proyectos empresariales que generan ganancias genuinas, oportunidades laborales y valor agregado.

En otros países se han adoptado distintos modelos mediante los cuales se ha implementado un sistema de percepción tributaria (no sofocante) y se ha permitido el funcionamiento de la aplicación.

En el caso de la República Argentina, hubiese sido interesante que, por ejemplo, el Ministerio de Producción hubiese procurado interiorizarse respecto a las particularidades del sistema y los beneficios que ha demostrado para, de esa forma, articular la modalidad más justa y eficiente a los efectos que la plataforma pueda operar en el territorio nacional, sin que ello implique contravenir las regulaciones vigentes.

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