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APLICACIÓN DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS JUDICIALES

04/06/19 | Pablo Crescimbeni | Andres Minicucci

Hace ya un tiempo han surgido noticias sobre proyectos y pruebas de campo mediante las cuales se está experimentando con tecnología “Blockchain”, sistemas de aprendizaje automático (“Machine Learning”) y otras variantes de software que articulan y aplican inteligencia artificial con el objeto de desarrollar procesos de decisión fundada en el ámbito de la resolución de conflictos judiciales.

Como suele suceder a los humanos cuando nos vemos frente a un cambio sustancial de paradigma, no faltaron las voces que trazaron un arco de críticas que comenzaron por mostrarse dogmáticamente escépticos y calificar negativamente la mera idea de alejar a un ser humano del proceso de estudio de un expediente y emisión de una sentencia a quienes abordaron la problemática desde la óptica de la ética.

Ahora bien, son dos las experiencias que mencionaremos aquí. La primera es el proyecto del Director de Datos de Estonia de aplicar un sistema de inteligencia artificial en la resolución de contiendas legales. La segunda, es la prueba de campo llevada adelante por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En el primer ejemplo, lo que se propone es que los litigios de baja cuantía (reclamos menores en términos relativos dentro del sistema legal de Estonia) sean administrados y resueltos por un sistema informático inteligente que pueda rápidamente determinar la aplicación de una condena o el rechazo del reclamo, utilizando un software basado en tecnología de inteligencia artificial y grandes bases de datos. Recordemos que en los últimos años siempre se señala a Estonia como uno de los países que más ha avanzado hacia el gobierno o administración electrónica (e-governance). Este enlace proporciona una información básica sobre el tema https://e-estonia.com/solutions/e-governance/

Sin perjuicio de ese grado de avance, surgieron críticas al proyecto de informatización de decisiones judiciales y fue el  propio funcionario responsable el que aclaró que la decisión final del proceso de decisión recaería en un juez. Consideramos que, como en los restantes aspectos de la administración estatal, resulta interesante seguir la evolución de Estonia, que ha delineado la estrategia de generar un salto cualitativo y cuantitativo en la eficiencia de la administración de justicia y resolución de conflictos.

La segunda experiencia, local, se enmarca en un ámbito de prueba contenido y más acotado. El objetivo de esta prueba piloto fue obtener un estudio de factibilidad de la potencial aplicabilidad de la tecnología de Blockchain aplicada a la emisiónde dictámenes fiscales. En el marco de dicha experiencia, se sometieron a proceso por dicho sistema aproximadamente 300 expedientes que estaban a la espera de que el Ministerio Público emitiera su dictamen. El resultado fue una resolución en segundos de la totalidad de los expedientes con un grado de acierto cercano al 99%.

El primer comentario (y temor) que suele surgir, aun procurando tratar de tener una visión equilibrada y objetiva (que no abrace la tecnología por la tecnología misma pero que a la vez esté abierto a todo aquello que la tecnología pueda aportar en cada caso), es que la aplicación de estas tecnologías conllevará necesariamente (y en forma “apocalíptica”) la supresión de puestos de trabajo que en la actualidad son ocupados por personas. Me parece que dicha apreciación es limitada e implica un pensamiento basado, quizás, en la escasez y no darnos cuenta de que hoy el conocimiento teórico y práctico fluyen dinámicamente y que la construcción colaborativa es una realidad que ha “tomado” todos los campos humanos. En ese contexto, con políticas públicas inteligentes, dotadas de recursos y constantes, muchas personas que hoy desempeñan algunas tareas que no representan un desafío intelectual, laboral o social, podrán mejorar sus calificaciones profesionales y realizar tareas con mayor valor agregado. No somos idealistas ni ignoramos las dificultades y desafíos inherentes a este cambio. Pero confiamos en la capacidad de adaptación de las personas (siempre sujeto a que existan estrategias que la sociedad desarrolle sostenidamente).

En el ámbito de la administración pública y en especial en determinados espacios de la administración de justicia la implementación de sistemas como los descriptos podrían ser factores multiplicadores de eficacia y eficiencia.

Tomemos el ejemplo de los Estados Unidos.

En casi todos sus estados se contempla la existencia de tribunales de “menor cuantía” en los cuales, en algunos casos, se prescinde incluso de la asesoría letrada.

En esos casos: ¿Cuánta eficiencia podría lograrse? ¿Cuántos recursos podrían reasignarse a otros rubros más productivos y estratégicos para un proyecto de país a mediano y largo plazo?

En general existe un consenso de que todavía hay ciertos procesos complejos que implican un grado análisis que por el momento solo podrían estar a cargo de seres humanos. Ahora bien, podría liberarse a muchos de esos humanos calificados de tareas que hoy pueden ser realizadas por sistemas que ya han probado su eficacia.

La aplicación de este tipo de tecnologías a estructuras de administración de justicia con diferentes (pero notorios) grados de retraso respecto de lo existente en otros países será positiva si es bien administrada (y si nunca se olvidan los aspectos éticos y humanos).

Dado el carácter inexorable de ciertos avances será fundamental el rol de la sociedad, expresado a través de políticas públicas, para paliar los eventuales efectos colaterales negativos en lo social que podrían darse al menos en una primera etapa).

La modernización permitiría a los ciudadanos obtener un claro beneficio en su favor al momento de resolver sus necesidades e inquietudes. Asimismo, permitiría que los recursos útiles del aparato estatal sean reasignados en posiciones de mayor necesidad, logrando una sinergia hombre tecnología que redundaría en un beneficio general.

Es mi opinión que el temor excesivo al avance de la tecnología es infundado y evadir su implementación sostenida sería exponer a la sociedad a sufrir mayores costos (en términos amplios en cuanto a la energía ‑y unidades de “vida” – destinadas a resolver temas administrativos y judiciales.

Tanto el Estado Nacional como las provincias y gobiernos locales están dando señales de querer avanzar hacia una modernización del aparato estatal. Falta un gran trayecto por recorrer y sacrificios por realizar, pero lo que es seguro es que a las nuevas tecnologías debemos recibirlas con los brazos abiertos, comprenderlas y aplicarlas para el beneficio de nuestra vida cotidiana.

 

Pablo Crescimbeni y Andrés Minicucci

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